Quieren impunidad, no la tendrán

•Artículo de Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO

El 14 de noviembre, el mundo del trabajo y la ciudadanía están llamados a participar en una huelga general convocada por los sindicatos y respaldada por las cerca de 200 organizaciones que integran la Cumbre Social. Una huelga para decir basta al interminable capítulo de recortes y eliminación de derechos sociales y laborales que afectan a trabajadores, personas en paro y pensionistas, a la mayoría de los ciudadanos.

"Creemos que la huelga general está plenamente justificada. Una huelga que no debe ser únicamente un conflicto laboral"

¿Cuántos millones de parados necesita este gobierno, cuánto debe deteriorarse la educación y la asistencia sanitaria, cuánto debe reducirse el salario de trabajadores/as y empleados públicos, cuánta capacidad de negociación deben perder los sindicatos en el convenio y cuánta ganar los empresarios,  cuántas personas dependientes deben ser olvidadas, cuánto se debe reducir la inversión en I+D+i, cuántos millones de euros más habrá que inyectar al sistema financiero y cuantos detraer del gasto social, cuántas amnistías fiscales a los defraudadores serán necesarias, cuántas subidas de impuestos que perjudican a las rentas más bajas faltan por hacer, cuántos derechos civiles y democráticos habrá que eliminar, cuántos conflictos sociales y/o laborales deberán pasar a ser tratados como conflictos de orden público, dónde esta el límite para la aniquilación del Estado de bienestar?

El Gobierno pide a la ciudadanía, a los sindicatos, impunidad para llevar a cabo este injusto programa de recortes. No la tendrá.  Desde que llegó al Gobierno el PP no ha dejado de vapulear su programa electoral, cometiendo un gigantesco fraude democrático al concurrir a las elecciones con un programa y gobernar con otro. En democracia las urnas sancionan programas electorales y ofrecen legitimidad a las fuerzas políticas para gobernar. Pero si una vez en el gobierno, se rompe el contrato alcanzado con el electorado, la legitimidad solo se puede recuperar sometiendo el nuevo programa a la opinión de la ciudadanía en un referéndum. Eso también le hemos pedido el movimiento sindical y la Cumbre Social.

Es verdad que no son pocas las voces que justifican los recortes y la política de austeridad en las imposiciones de Bruselas y más exactamente, en la hoja de ruta impuesta por Berlín y la canciller Merkel. Han sido los sindicatos europeos los primeros en calificar de suicida esa política, porque nos mete de lleno en la recesión y condena a la inmensa mayoría de las sociedades europeas a un progresivo empobrecimiento, que en algunos países del sur de Europa se traduce en el incremento acelerado de la exclusión y la pobreza. Pero no hay disculpa que valga. El Gobierno español es un firme defensor de las políticas de austeridad y recortes. Lo ha dicho en Bruselas y lo ha hecho en España. Incluso cuando gozaba de una oportunidad, aun en un contexto de contención del déficit público, con la elaboración de los PGE 2013, no ha dudado en recortar la inversión, sacrificar los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo,  renunciar a una política fiscal que mejore los ingresos del Estado,  rebajar las prestaciones por desempleo, en volver a congelar el salario y reducir el empleo de los trabajadores públicos, en importantes retrocesos en protección social, dependencia, servicios sociales, ayuda a la cooperación al desarrollo, al medio rural, al medio ambiente y en ratificar una política impositiva ineficaz y poco equitativa.

Hace falta otra política

Estamos cargados de razones para convocar una huelga general. En primer lugar para exigir un cambio radical en la orientación de las políticas que se están aplicando para enfrentar la crisis, tanto en Europa como en España. Hoy sabemos que solo con austeridad no se sale de la crisis. Hoy sabemos que Grecia, Portugal e Irlanda, países que han solicitado el rescate, están peor que antes de hacerlo. Nadie puede negar que en dos años y medio las políticas de recortes han provocado más injusticia social, más desigualdad, menos derechos y menos democracia, y no se ven síntomas de recuperación económica por ningún lado.

Con la huelga general reivindicamos otra política que dé prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, con especial atención a los jóvenes a los que se está condenando a la emigración o a la exclusión social, un verdadero lastre para el futuro del país. Exigimos el restablecimiento de las políticas sociales y del Estado de bienestar.

Reclamamos un cambio en el patrón de crecimiento que apueste por un desarrollo sostenible y pivote en un sector industrial dinámico y competitivo, asentado en la inversión en I+D+i y en un sistema educativo que garantice, al tiempo, calidad y equidad. Igualmente exigimos la reversibilidad de la reforma laboral (no olvidar que en sede parlamentaria sigue viva la ILP por un empleo con derechos),  que se refuercen las prestaciones por desempleo y se garantice la revalorización de las pensiones.

Pero además, creemos imprescindible promover la regeneración del sistema democrático, que en Europa pasa por refundar la UE a partir de la construcción de un nuevo contrato social, que avance hacia una verdadera unión fiscal, económica, política y sobre todo social. En España, la regeneración democrática pasa por exigir al Gobierno que someta a consulta de la ciudadanía las políticas que está aplicando y que no figuraban en su programa electoral.

Por todo ello, creemos que la huelga general está plenamente justificada. Una huelga que no debe ser únicamente un conflicto laboral. Las consecuencias de las políticas que se están llevando a cabo perjudican a toda la sociedad; solo se salvan, o incluso medran con la crisis, las élites económico-financieras. La huelga general es una tarea de toda la ciudadanía.