BASTA YA DE REPRESIÓN ANTISINDICAL

EXTRUPERFIL, EL TERRORISMO EMPRESARIAL CAMPA A SUS ANCHAS POR SEVILLA, 11 COMPAÑEROS SE ENFRENTAN A 3 AÑOS Y 6 MESES DE CÁRCEL POR PARTICIPAR ENHUELGAS Y PIQUETES.

A finales del año 2003, CC.OO. Sevilla, con la solidaridad del PCE y la JCAhizo frente a un conflicto laboral generado en la empresa EXTRUPERFILencuadrada en el sector metalúrgico. El origen del mismo fue el permanenteincumplimiento del convenio por parte de la dirección de la empresa en temasrelacionados con el empleo y las condiciones laborales de los y lastrabajadores en la fábrica (jornada, pluses, prevención de riesgoslaborales, etc.)Estos incumplimientos fueron afrontados desde el Comité de Empresa, conmayoría de CC.OO., con la negociación como con la presión. Se trabajó enbase a las garantías de empleo que afectaban tanto a los trabajadoreseventuales y temporales propios de la empresa como a los puestos adisposición de la misma por ETT’s.La respuesta del empresario no se hizo esperar, y comenzó una persecucióncontra los miembros del Comité de Empresa, y muy especialmente contra losdelegados de CC.OO., basada en la apertura de expedientes disciplinarios ysanciones; continuó con el despido o la no renovación de los contratos delnúcleo de trabajadores que con más fuerza apoyaban las posiciones del Comitéde Empresa y, por último, concluyó con el despido de cuatro miembros delComité de Empresa, pertenecientes a CC.OO.

Se celebraron asambleas de trabajadores que dieron el respaldo mayoritario alas propuestas del Comité de Empresa. Se inició, en primer lugar, una seriede paros parciales y, con posterioridad se efectuaron paros de 24 horasdurante varias semanas.En dicho conflicto se generó un clima de represión desacerbado contra laactividad sindical, tanto desde el ámbito empresarial como desde el ámbitopolicial (hemos de tener en cuenta que por entonces el Subdelegado delGobierno en Sevilla era el que fuera recientemente candidato del PP a laalcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido) consiguiendo que CCOO, susrepresentantes y los trabajadores tuvieran una sensación de total impunidad,mientras el empresario y la dirección de la empresa se mueven casi en el másabsoluto desprecio a las normas laborales y salen prácticamente impune dedicha actitud, los trabajadores de la empresa y sus representantes, aquellosque se solidarizaron con ellos y los dirigentes sindicales de las diferentesestructuras son represaliados y criminalizados.

Este hecho adquiere mucha más relevancia cuando se observa que las actitudes represivas del empresarioson mucho menos castigadas, a pesar de contar con numerosas condenas en sucontra.A petición de la Fiscalía, hoy nos encontramos ante una posible condena detres años y medio de prisión para 11 compañeros por “delito contra lostrabajadores” por aplicación del art. 315.3 del Código Penal, delito contralos trabajadores que, en condiciones totalmente contrarias, mantuvieron unaposición de dignidad y de lucha contando con la representación mayoritariadentro de la empresa. Hoy está en juego la libertad de los compañeros Jesús,José María, Alexis, Luciniano, Figueroa, Rubén, Joaquín, Marcos, Miguel,Enrique y Alfonso.Se trata, pues, de un nuevo intento de criminalización de la Acción Sindicaly de la respuesta movilizadora de los trabajadores y trabajadoras ante lapérdida o el deterioro de su empleo. En definitiva, un nuevo intento deintroducir el miedo, la tensión y la represión entre el conjunto de los ylas trabajadores con el fin de silenciar las injusticias y la precarizacióndel mercado laboral.Extruperfil es un caso paradigmático para definir esta actuación. Nosencontramos con un empresario y una empresa que sistemáticamente incumplenlos acuerdos del Convenio Sectorial que regulan la relación laboral en elámbito de la provincia de Sevilla; que incumplen los propios acuerdosalcanzados con el Sindicato ante la Autoridad Laboral y que reprimen ydespiden a los representantes legalmente elegidos por los trabajadores.Igualmente, utilizan toda su capacidad de influencia en los ámbitospolíticos local, provincial y regional para desarrollar y afianzar suestrategia de represión y de precarización del empleo.

Lo que se intenta aquí es constreñir los legítimos derechos derepresentación y defensa de los trabajadores planteando, desde la Fiscalía,una petición de 3 años y medio de prisión para cada uno de los 11 imputadosen el caso (Responsables de estructuras sindicales, miembros del Comité deEmpresa, afiliados de base de CCOO y militantes del PCA-JCA).Lo que nos jugamos es, a fin de cuentas, la libertad sindical que tantasangre ha costado a la clase obrera de nuestro país. No podemos permitir quenos la quiten.

¡¡Viva la Lucha de la Clase Obrera!! ¡¡Basta de represión!!